Resumen: Se confirma la sentencia de condena por delito de usurpación. No prospera la petición de nulidad. El Real decreto-ley 11/20, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, no es de aplicación al procedimiento penal, sino a la tramitación del procedimiento civil de desahucio respecto de contratos de arrendamiento de vivienda. Y en el caso de autos, se trata de un procedimiento penal para enjuiciar una conducta punible; ello, sin perjuicio de lo que se pueda acordar a la hora de ejecutar la sentencia que condene al desalojo, pero, no afecta ese norma a la tramitación y resolución del procedimiento penal. Hubo prueba de cargo correctamente valorada. Quien recurre venía ocupando el inmueble y era consciente que la ocupación no era aceptada por la entidad bancaria, pese a lo cual no fue abandonada. La vocación de permanencia es manifiesta, dado el tiempo transcurrido desde la ocupación y no hubo autorización. La condena por este tipo penal no es necesaria violencia o intimidación. No se acredita una situación de estado de necesidad. Ni siquiera solicitaron prestaciones sociales.
